Deba gorria
Asamblea de Ezker Batua-berdeak de Deba

El antiguo Hotel Miramar hace ya unos años que está en desuso y en estado de ruina. Su ubicación, en primera línea de playa, hace que sea un solar muy goloso para la iniciativa privada a la que, lógicamente, le tienta la idea de hacer negocio con viviendas de lujo a muy altos precios. Para ello es necesario, de acuerdo con el planeamiento municipal, cambiar de su actual uso hotelero al residencial.
Así, cualquier proyecto de renovación pasa por derribar el actual inmueble y volver a construir otro para uso residencial, pero en esta ocasión respetando y ajustándose a las alineaciones que le marcan las tres Zonas de Protección Publicas que lo circundan, es decir, las que le delimitan la Ley de Costas del Estado, la Normativa Foral de Carreteras de Gipuzkoa y la Ley del Sector Ferroviario de la comunidad autónoma.
Según viene determinado por estas normas, cualquier nueva edificación que se levante en ese solar, deberá respetar:
- En su fachada Norte (hacia la playa), la zona de servidumbre pública que la Ley de Costas le delimita, y que supone un retranqueo para el edificio de al menos 20m desde el actual paseo marítimo hacia atrás.
- En su fachada Este (paralela a la N-634) los 6m de distancia mínima a la carretera que le impone la zona de servidumbre pública de carreteras; y,
- la tercera en su parte trasera Sur, los 5m de distancia que debe mantener el nuevo edificio al talud de la vía del tren, y que le establece la zona de dominio público ferroviario.
En definitiva, cualquier nueva construcción debe inexcusablemente respetar la legalidad vigente en todos y cada uno de los aspectos en que las leyes lo determinan.
A este respecto, es ya conocido que se ha presentado un proyecto de iniciativa privada que pretende edificar apartamentos de alto standing en este mismo solar. En este sentido, la Dirección de Costas ha sido tajante, señalando claramente en su informe al ayuntamiento que los 20m de la zona de dominio público marítimo debe ser escrupulosamente respetada por tal proyecto.
También el Departamento foral de Carretas de Gipuzkoa, dictamina tres cuartos de lo mismo refiriéndose a los 6m de distancia que se deben mantener en su zona de protección pública. No obstante, y como en este proyecto también van garajes con acceso desde la N-634, en el mismo informe se advierte al ayuntamiento de la peligrosidad que supondrán para el tráfico rodado estos accesos al garaje debido a la falta de visibilidad en esa zona y la ubicación en curva de los mismos.
Y por último, y aquí está parte de lo curioso e incompresible de este asunto, la Dirección de Eusko Trebideak por medio del Director de Infraestructuras Viarias del GV, D. Antonio Aiz Salazar, aún reconociendo y admitiendo que el proyecto de nueva construcción presentado por la empresa, no respeta la actual Zona de protección Pública Ferroviaria (NO mantiene los 5m de distancia que el Reglamento impone para todos) y que , además, podría llegar a condicionar el futuro desdoblamiento de la vía del tren en esa zona (al obligarlo a realizar hacia la parte Sur del frontón y arrimándose al resto de viviendas actualmente en uso) en el informe dirigido al ayuntamiento, dice estar dispuesto a otorgarle una triple excepcionalidad a este proyecto para que salga adelante tal y como se lo plantea la empresa constructora. Eso sí, no da ningún tipo de razón al porque se otorga tales favores legales a esta empresa privada. Se trata de poner el terreno público, la denominada zona de servidumbre que es de todos y de todas, a disposición del proyecto lucrativo de una empresa constructora sin mediar mayor justificación.
Desde EB y Aralar no sólo no compartimos la decisión del Director de Ferrocarriles del Gobierno Vasco, sino que denunciamos el descarado trato de favor que se está llevando a cabo con esta empresa, además con el conocimiento y la aprobación del sr. Alcalde, al que demandamos que, en estas condiciones, no otorgue la licencia de obra para dicho proyecto.
Si alguna constructora quiere hacer negocio construyendo en este solar que lo haga respetando toda legalidad vigente y sin disponer de ningún trato de favor desde las administraciones públicas.